La morosidad es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las empresas al afectar tanto a la liquidez en el corto plazo como a su propia viabilidad en el largo. La morosidad desplaza la financiación del ciclo de negocio desde el deudor hacia el acreedor, encarece el capital circulante y, en casos extremos, precipita impagos en cadena. Este fenómeno es especialmente sensible en las pymes y en sectores con márgenes estrechos, donde los impagos inciden con fuerza en el resultado operativo.
El EU Payment Observatory en su informe del año 2025 indica que más de la mitad de las empresas declara verse afectada por pagos tardíos, percibiendo estos retrasos como una amenaza para su estabilidad, incluida la propia continuidad en los casos más severos. Además, los plazos efectivos medios de cobro/pago tienden a situarse por encima de los 30 días “normativos”, con diferencias claras entre relaciones empresa-empresa (B2B) y sector público-empresa (G2B).
En España, esta dualidad se observa con nitidez cuando se compara con datos:
• Por un lado, el Periodo Medio de Pago (PMP) que publica el Ministerio de Hacienda para administraciones públicas situaba el plazo en la Administración Central en 23,81 días, el de las Comunidades Autónomas en 27,48 días y las entidades locales en 27,73 días.
• Por otro, los indicadores de plazos reales y retrasos en el sector privado, medidos mediante observatorios empresariales, como el de CEPYME, señala que este plazo es significativamente mayor, alcanzando los 80,1 días el pasado año.
Estas diferencias en pago generan también estrategias distintas para afrontar los problemas de retrasos de pago y morosidad.
Morosidad pública y morosidad privada: por qué no son el mismo riesgo
Cuando hablamos de morosidad muchas veces se tiende a generalizar, algo que en la práctica es muy poco útil. No es lo mismo cobrar tarde de una Administración pública que de una empresa privada, ni tampoco se gestionan igual los riesgos, las coberturas o los procesos de recobro. Entender estas diferencias no es solo una cuestión jurídica, sino una herramienta clave para la gestión financiera y la planificación de tesorería.
Por qué la morosidad pública es distinta
La morosidad en el sector público presenta rasgos estructurales propios, derivados de su marco institucional y procedimental.
En primer lugar, el pago público está fuertemente condicionado por hitos formales como obtener la conformidad del servicio, certificaciones, registro de la factura y validaciones internas. Este diseño introduce limitaciones administrativas que no suelen existir en el ámbito privado. Pero en cambio, el seguimiento del Periodo Medio de Pago (PMP) está regulado, sometido a publicidad y control, lo que convierte el retraso en un fenómeno medible y trazable.
En segundo lugar, el riesgo de pérdida final es, en general, reducido. A diferencia de una empresa, una Administración no suele tener problemas de insolvencia.
Por último, existen mecanismos normativos de disciplina. El propio sistema del PMP incorpora consecuencias vinculadas a la estabilidad presupuestaria, la transparencia y el control institucional. Estos elementos generan incentivos reputacionales y de supervisión que, aunque no eliminan la demora, sí la encuadran en un marco de responsabilidad pública.
Por qué la morosidad privada funciona de otra manera
En el ámbito privado, el riesgo es más flexible, pero también más incierto.
Uno de los factores clave es la heterogeneidad y las asimetrías de poder dentro de las cadenas de suministro. En muchos sectores, los proveedores aceptan plazos largos impuestos por clientes de mayor tamaño o relevancia estratégica. La Ley 3/2004 intenta limitar estas prácticas y refuerza el derecho a intereses y costes de cobro, pero la realidad depende de la capacidad de negociación y del grado de cumplimiento efectivo.
A ello se suma el riesgo real de insolvencia. En el sector privado, el impago definitivo por concurso o ejecución infructuosa es una posibilidad real. Este riesgo puede transferirse parcialmente mediante seguros o garantías, pero nunca eliminarse por completo.
Todo ello se traslada a plazos reales de pago más dilatados que muestran como la morosidad privada no es coyuntural, sino estructural dentro del tejido empresarial español.
Coberturas: qué se cubre y por qué cambia según el deudor
La naturaleza distinta de la morosidad pública y privada conlleva también estrategias diferenciadas que conllevan coberturas distintas.
Coberturas habituales frente al sector público
En el ámbito público, la primera “cobertura” es normativa. Como hemos visto, el marco legal reconoce el derecho a intereses de demora y a la compensación por costes de cobro cuando se incumplen los plazos legales. Funciona como una protección del coste financiero, aunque exige reclamación formal y, en ocasiones, litigio.
Dado que el riesgo dominante es el retraso y no la pérdida final, la cobertura más habitual es de tesorería con productos tales como pólizas de crédito, descuento o factoring de facturas, confirming o financiación de proveedores. La elección depende del perfil del deudor público y de las condiciones bancarias.
Coberturas habituales en el sector privado
Por el contrario, en el ámbito privado destaca el seguro de crédito como uno de los principales mecanismos para la protección frente a la morosidad, precisamente porque el riesgo al que se enfrenta el acreedor es de naturaleza distinta y más incierta. Pero, no solo hay que tener en cuenta su función indemnizatoria en caso de pérdida final, sino también por ayudar a analizar y calificar el riesgo de los clientes, establecer límites de crédito y realizar un seguimiento continuo de la solvencia de los deudores. De este modo, el seguro se integra en la gestión del riesgo comercial, ayudando a un mayor control de la política de ventas y a detectar de forma temprana situaciones actuales o potenciales de deterioro financiero en la cartera de clientes.
También son importantes las cláusulas contractuales y garantías como anticipos, pagos por hitos, reservas de dominio, garantías personales o reales.
El recobro: mismo objetivo, lógica distinta
El recobro engloba todas las acciones destinadas a obtener el pago de las facturas comerciales y gastos accesorios como intereses y costes de reclamación. La naturaleza distinta de los sectores público y privado también conlleva diferencias importantes en este punto.
Recobro frente a Administraciones públicas
Aquí domina una ruta administrativa y formalista. El éxito del recobro depende de acreditar correctamente los hitos del expediente y de activar, cuando procede, la reclamación de intereses conforme a la normativa vigente.
La Administración no responde a presiones comerciales en el mismo sentido que una empresa, pero sí a mecanismos de control, fiscalización y, en último término, a la vía judicial.
Recobro en el sector privado
En el ámbito privado, el proceso suele seguir una escalada progresiva: empezar por intentar un recobro amistoso, pasar a un recobro formal y solo usar la vía judicial o ejecutiva y, en su caso, concurso de acreedores, si no se consiguen el pago en los primeros pasos.
Aunque el marco legal respalda el devengo de intereses y costes, el reto habitual es hacerlos efectivos sin deteriorar la relación comercial o incurrir en costes desproporcionados.
Qué conviene priorizar según el tipo de deudor
Por todo lo visto, si el deudor es público, la clave está en el control documental, el seguimiento del expediente y la planificación de la tesorería, asumiendo que el riesgo principal es el momento del cobro. Conviene, además, tener definida una política clara sobre cuándo reclamar intereses de demora de forma eficiente.
Por el contrario, si el deudor es privado, es esencial segmentar por riesgo, gestionar límites de crédito y combinar coberturas, en las que el seguro de crédito tiene un papel fundamental. Una estrategia de recobro bien definida evita que la demora crónica se normalice.
En definitiva, una gestión eficaz de la morosidad exige adaptar las herramientas y las decisiones al tipo de deudor, evitando enfoques homogéneos que tienden a generar ineficiencias. Tratar del mismo modo un retraso administrativo que un riesgo real de insolvencia conduce a errores en la planificación financiera y en la asignación de recursos.
Por ello, integrar el análisis del deudor en la política de crédito, combinar adecuadamente prevención, cobertura y recobro, y alinear estas decisiones con la estructura legal y económica de cada entorno no solo reduce el impacto de la morosidad, sino que refuerza la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad para crecer, incluso en momentos de incertidumbre.