| Desde principios de los años noventa la economía irlandesa ha venido experimentando un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la implantación por parte del gobierno irlandés de una serie de planes que incluían la reducción fiscal, la contención de la inflación, el gasto público y la promoción de la inversión extranjera. El hecho de formar parte de la UEM contribuyó al surgimiento de la economía irlandesa a través de una financiación adicional, en particular en la infraestructura del país, y mediante la aplicación de bajos tipos de interés por parte del Banco Central Europeo [BCE]. 
Sin embargo, el crecimiento económico inicial se vio reemplazado por un crédito insostenible, financiado a través de fuentes externas de financiación, en particular en el desarrollo residencial, comercial y de infraestructuras. Esto a su vez generó una burbuja inmobiliaria financiada por bancos que dependían de los mercados financieros internacionales y del mercado interbancario. En consecuencia, la crisis crediticia global de 2008 provocó la caída del sector bancario interno y a una reducción hasta ahora del 45% en el precio de los inmuebles. Como resultado de la dependencia del gobierno del impuesto sobre las plusvalías, cuando en 2008 cayó el sector de la construcción Irlanda se encontraban en una posición de alto riesgo. La combinación de una grave crisis bancaria y la caída del sector de la construcción supuso el agotamiento del mercado inmobiliario, lo que afectó al sector minorista, al sector electrónico y demás sectores asociados a la construcción/inmuebles, contagiando a otros sectores como las tiendas de confección, servicios y hostelería, ya que la contracción interna, la subida de la tasa de desempleo y las medidas de austeridad introducidas por el gobierno frenan el gasto discrecional. Tras la crisis crediticia mundial, y para evitar la fuerte presión sobre los bancos, el gobierno irlandés concedió una garantía global a todos los titulares de obligaciones de bancos irlandeses. Para ayudar a los bancos a recapitalizarse, en diciembre de 2009 el gobierno creó la Agencia Nacional de Gestión de Activos que adquirió 72.300 millones de euros en préstamos de 850 deudores, de los cuales 62.000 millones están destinados a los 150 principales deudores. La agencia ha pagado 30.500 millones de euros en fondos para cubrir activos de los cinco bancos participantes. Si bien esto supuso una solución parcial, los bancos seguían sin poder recapitalizarse de manera independiente. La situación interna y la crisis bancaria en curso hicieron que el gobierno tuviera que pedir ayuda al FMI, a la UE y al BCE. En noviembre de 2010 se acordó un plan de rescate por valor de 85.000 millones de euros. Como parte de este plan, el Reino Unido, Dinamarca y Suecia también ofrecieron préstamos bilaterales. El plan conlleva la aplicación de medidas de austeridad fiscal para reducir el déficit presupuestario, que debería pasar de más del 30% del PIB en 2010 al 3% en 2015, impulsar la competitividad y arreglar el sistema bancario, lo que ha supuesto el traspaso al Estado de la propiedad de todos los bancos menos uno. El segundo semestre de 2011 trajo consigo buenas noticias para Irlanda. En primer lugar, los intereses de los préstamos comunitarios se redujeron un 2% en julio de 2011 como resultado del acuerdo sobre el segundo paquete de rescate para Grecia. Además, se ha ampliado el plazo de vencimiento de algunos préstamos de 7,5 a 15 años, con opción a una ampliación adicional de hasta 30 años. Esto supone un ahorro anual de 600-800 millones de euros en los costes de servicio de la deuda y reduce el pico previsto de la carga de la deuda al 115% del PIB en 2012 y al 119% en 2013. En segundo lugar, en otoño de 2011, la Comisión Europea y el FMI publicaron evaluaciones optimistas sobre los progresos de Irlanda en el cumplimiento de las condiciones impuestas por el paquete de rescate. El déficit presupuestario en 2011 (10,6% del PIB) fue menor de lo inicialmente previsto. A finales de julio de 2011 ya había finalizado la recapitalización del sector bancario, a un coste significativamente más bajo, 17.000 millones de euros [frente a los 25.000 millones inicialmente previstos]. Sin embargo, el gobierno sigue atado de pies y manos y sigue sujeto a la presión que supone el alto déficit presupuestario y el restablecimiento de la confianza en las finanzas públicas. Al término de 2011, la deuda pública irlandesa, en porcentaje del PIB, superaba el 100%, incluyendo las garantías ampliadas del sector bancario, cuando tres años antes se situaba en el 30%. A pesar de la positiva evolución del segundo semestre de 2011, las perspectivas económicas de Irlanda siguen siendo inestables. Nuestras previsiones de consenso predicen un crecimiento del PIB del 0,9% en 2012, pero el hecho de que este aumento dependa íntegramente de las exportaciones, lo que conlleva importantes riesgos de impacto negativo a la vista de las condiciones de la economía mundial, revela hasta qué punto esta predicción es vulnerable: las exportaciones, y por lo tanto el crecimiento, son sensibles a lo que ocurre en los mercados mundiales y comunitarios, que están sometidos a una gran presión. Al mismo tiempo, se prevé que las aportaciones del consumo y la inversión sean marginalmente negativas. Con un modesto crecimiento positivo en 2012, en el mejor de los casos, un sector bancario aún frágil, altas tasas de desempleo y unas finanzas públicas débiles, prevemos que el escenario de riesgos en Irlanda siga siendo persistentemente negativo. El margen de maniobra fiscal es muy limitado, ya que el menor crecimiento se come inmediatamente el déficit presupuestario, y la capacidad para cumplir los objetivos fijados por el plan del FMI, el BCE y la UE. Por lo tanto, se prevé que el camino hacia la recuperación siga siendo difícil. Tendencias en materia de insolvencias y morosidad Las insolvencias siguieron creciendo hasta alcanzar un total de 1.638 empresas en quiebra en 2011 lo que supone un aumento del 7% respecto de 2010 y del 16% respecto de 2009. El sector de la construcción y los sectores afines supusieron el 27,5% de la cifra total, mientras que los sectores de venta minorista y hostelería juntos representaron el 26%: un aumento del 20% respecto de 2009. La percepción es que estos sectores son cada vez más vulnerables a la vista de los retos específicos por venir, incluida la subida del IVA del 2%. Además, la incapacidad del gobierno para resolver las revisiones exclusivamente alcistas de las rentas hace que se prevea que en 2012 los niveles de insolvencia seguirán creciendo en estos sectores. Se ha producido un deterioro en los plazos de pago, en particular en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Un estudio realizado por la Asociación Irlandesa de Pequeñas y Medianas Empresas estableció que el 44% de las pequeñas empresas están experimentando retrasos de tres meses o más en el pago de los servicios prestados. Crédito y Caución está observando una retirada deliberada de los pagos a subcontratistas más pequeños, sobre todo en el sector de la construcción y sectores asociados, para imponer pagos reducidos, lo que supone una exigencia excesiva para algunas empresas. Los plazos de pago ampliados se ven agravados por la mala disposición de los bancos a la hora de ampliar las facilidades de capital circulante o prestar dinero a sus clientes. Los préstamos bancarios seguirán siendo muy restrictivos Los problemas a los que actualmente se están enfrentando los bancos hacen que a las empresas nacionales les resulte muy difícil poder asegurarse facilidades bancarias. Este es el caso de la mayoría de las pyme, a pesar de que el gobierno está estableciendo directrices sobre la disponibilidad de fondos para las pyme como parte de su plan de recapitalización de la banca. En 2011 se debían haber puesto a disposición de las pyme 5.000 millones de euros en líneas de crédito, pero parece que este dinero no está accesible ya que los bancos están reteniendo el máximo efectivo posible para reforzar sus balances. Se asume que las cifras facilitadas por los bancos que demuestran el aumento de los préstamos en realidad se refieren a renovaciones o reestructuraciones de créditos ya existentes. | 
