En el tercer trimestre de 2013 se han registrado más de 1.700 nuevos procesos concursales, según se desprende del seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el Área de Administración de Riesgos de Crédito y Caución, a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. El dato está en línea con las previsiones de la Compañía, que desde el primer trimestre del año anunció que las insolvencias judiciales llegarían en 2013 a su máximo histórico, en el entorno de los 10.000 concursos anuales.
El prototipo de concurso de acreedores es el de pequeñas o medianas empresas de cerca de 20 trabajadores, con más de diez años de antigüedad, cada vez más presionadas por la prolongación en el tiempo de la crisis. La insolvencia judicial de estas empresas se ve propiciada por las dificultades para acceder a nuevas refinanciaciones financieras, el agotamiento de los activos líquidos, la imposibilidad de profundizar en la reestructuración de sus costes, el fracaso en los planes de internacionalización o la trasmisión, a través de la morosidad, de la insolvencia de los clientes.
Esta tendencia se romperá previsiblemente en 2014 por los cambios introducidos en el marco regulatorio y las previsiones de mejora del acceso empresarial a la financiación de origen bancario.
La Ley de Emprendedores recientemente publicada en el BOE prevé la puesta en funcionamiento de un nuevo procedimiento concursal extrajudicial que permitirá reflotar muchas empresas llegando a evitar el concurso. La empresa en dificultades podrá solicitar el nombramiento de un mediador al notario o el registro mercantil para lograr un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. El plan de pagos, que tendrá que ser adoptado en los tres meses siguientes, requerirá la aceptación de al menos el 60% del pasivo, con un límite del 25% de los créditos en las quitas o condonaciones y de tres años en las esperas o moratorias. En la misma línea, la Ley de Emprendedores ha reducido significativamente la mayoría necesaria para adoptar acuerdos de refinanciación extrajudicial, facilitando una viabilidad que evitará el concurso y la destrucción innecesaria de tejido empresarial.
Este nuevo marco regulatorio sitúa la legislación concursal española en línea con los países de nuestro entorno. El cambio normativo supone un paso más en la dirección correcta para reducir el número de empresas en concurso y mejorar la tasa de mortalidad de estos procesos, actualmente en el entorno del 95%. Sin embargo, la nueva legislación no podrá modificar por si sola los elevados niveles de insolvencia judicial. En ese sentido, la buena evolución de 2014 está condicionada, esencialmente, a la mejora del acceso a la financiación de origen bancario por parte de las empresas.
En este entorno complejo, el aseguramiento de las operaciones comerciales es una alternativa estratégica para las empresas. En la comunidad de empresas reunida en torno a Crédito y Caución, donde llevamos a cabo una vigilancia muy activa de los riesgos, el impacto de la concursalidad se está reduciendo notablemente, en más de un 30% anual a lo largo de 2013.
Acerca de Crédito y Caución
Crédito y Caución es el operador líder del seguro de crédito interior y a la exportación en España desde su fundación, en 1929. Con una cuota de mercado del 54%, lleva más de 80 años contribuyendo al crecimiento de las empresas, protegiéndolas de los riesgos de impago asociados a sus ventas a crédito de bienes y servicios. Desde 2008, es el operador del Grupo Atradius en España, Portugal y Brasil.
El Grupo Atradius es el operador global del seguro de crédito presente en 45 países, con acceso a la información de crédito en más de 100 millones de empresas en todo el mundo. El operador global consolida su actividad dentro del Grupo Catalana Occidente.
