La futura ley de Garantía de la Unidad de Mercado, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional, está inspirada en un principio muy simple: si es bueno en origen es bueno para cualquier otro lugar. Así expresado, no parece gran cosa. Ni siquiera es original. Y sin embargo, sobre ese parco cimiento se ha construido eso tan poderoso que llamamos Mercado Único Europeo. Con el tiempo, los europeos empezaron a darse cuenta de que la maraña legislativa de las normas nacionales podía ser una barrera a la libre circulación de mercancías tan eficaz como una aduana. Tuvieron que pasar casi 20 años más para que la Comisión Europea, en 1985, se decidiese a impulsar sin garantías de éxito un plan a siete años que consolidase un verdadero espacio económico unificado de 500 millones de consumidores, un espacio que permitiese la expansión industrial y comercial de las empresas europeas.
El gran hallazgo que permitió conquistar el presente europeo en menos de una década fue la adopción del principio de reconocimiento mutuo de las normas nacionales: la comercialización de todo producto fabricado y vendido legalmente en un Estado miembro debe permitirse en todos los demás.
Los efectos de este principio fueron espectaculares. Un buen ejemplo fue la transformación de la industria del seguro de crédito, ligada desde hace 80 años a las necesidades reales de la empresa europea. Del modelo de una veintena de aseguradoras nacionales que conocían muy bien sus mercados nacionales y se apoyaban en los colegas para cubrir unas pocas exportaciones hemos pasado a tres grandes operadores globales; uno de ellos, por cierto, de capital 100% español. El crecimiento del comercio intracomunitario ha sido el motor de esa transformación.
El principio que ha servido para suprimir las barreras técnicas al comercio sin limitar la enriquecedora diversidad de Europa puede construir ahora la Unidad de Mercado en España que reclaman empresas, patronales e inversores. De hecho, las estimaciones sobre sus efectos no están muy lejos de los efectos ya comprobados en Europa: entre 1992 y el 2009, la Comisión Europea calcula que la adopción del Mercado Único generó un crecimiento del 1,85% del PIB europeo; el Ministerio de Economía y Competitividad calcula que la aprobación de la ley que impulsa supondría durante la siguiente década un crecimiento del PIB español del 1,5%.
Hablamos de 15.000 millones más de riqueza, a razón de 1.500 millones anuales. Pero en términos de actividad comercial, es mucho más: para conseguir un crecimiento del 1,5% del PIB, el comercio debe crecer entre el 3% y el 4,5%. ¿Por qué? Porque la facturación de las empresas se registra en cifras brutas, mientras que en el PIB se mide el valor añadido durante el proceso de producción, es decir eliminando todos los consumos intermedios. Si proyectamos las estimaciones de Economía, estamos hablando de incrementar la primera línea de la cuenta de resultados de las empresas de 30.000 a 45.000 millones adicionales.
En estos tiempos difíciles en que exportar es casi una necesidad; en estos tiempos en que acudimos a mercados cuyos nombres no sabíamos pronunciar hace pocos años, la ley de Unidad de Mercado podría generar una deseable paradoja: los nuevos mercados empiezan en casa.
