La Unión Europea inició el último ejercicio con una matriz energética dominada por el petróleo (30%) y el gas (25%), seguidos de las renovables (15%), la nuclear (12%) y el carbón (8%). Sin apenas reservas petrolíferas y de gas natural, el índice de dependencia energética europea ha seguido una línea ascendente en las últimas tres décadas: pasó del 50% al 58% entre 1990 y 2020. La dependencia energética española es aún mayor: rozó el 68% en 2020, aunque llegó al 82% en 2006.
Los planes europeos de transición energética no solo apuntaban a la lucha contra el cambio climático, sino al beneficio añadido de recuperar una soberanía energética crucial para la competitividad, al sustituir progresivamente las fuentes fósiles importadas por fuentes renovables locales. La invasión rusa de Ucrania y el escenario de inflación y volatilidad de precios energéticos están forzando a reducir a la mayor velocidad posible la dependencia exterior, en particular de Rusia origen del 45% del gas importado por la Unión Europea el año pasado. Esto implica redefinir los equilibrios del denominado trilema energético europeo: la necesidad de equilibrar las sostenibilidades ambiental y económica del modelo, asegurando al mismo tiempo un suministro energético de calidad y fiable. Algunos expertos consideran que la Unión Europea había priorizado el factor ambiental en detrimento de los otros dos, pero a partir de la guerra la seguridad del suministro ha cobrado un protagonismo sin precedentes. Lo demuestra el plan REPowerEU para independizarse del gas ruso en 2030, con medidas como diversificar proveedores y sustituir este combustible por fuentes alternativas autóctonas; reducir hasta un 30% el consumo, sobre todo de energías fósiles (de ahí las recomendaciones como racionar la climatización o fomentar el autoconsumo); y aumentar el objetivo de despliegue de las renovables del 40% al 45% al final de la década. La amenaza de cierre del grifo ruso explica medidas como incluir el gas y la nuclear en la taxonomía europea de sostenibilidad y la urgencia de un plan contrarreloj que implicaría inversiones cercanas a los 220.000 millones de euros, aunque podría compensar con unos 100.000 millones en ahorro de importaciones.
La mayor penetración de las renovables podría contribuir a estabilizar precios y desarrollar industrias locales. La Agencia Internacional de Energía Renovable vaticinaba la capacidad global de crear 85 millones de trabajos asociados con la transición energética en esta década. Algunos sectores industriales podrían beneficiarse del efecto arrastre, como la producción europea de placas solares para no depender, como hasta ahora, del casi total monopolio chino de su cadena de valor. Se trataría, pues, de reducir otras dependencias más allá de la energética, por ejemplo la de componentes tecnológicos estratégicos como los microchips. Otro sector estimulado sería el de combustibles alternativos al gas natural, especialmente biometano e hidrógeno verde. Por su dotación de infraestructuras y recursos, España podría convertirse en un hub capaz de cubrir el 20% del consumo europeo solo de hidrógeno en 2030. Por el mismo fenómeno podría beneficiarse la explotación y transformación de minerales vitales para la electrificación acelerada, por ejemplo cobalto, litio o neodimio, presentes en el subsuelo español.
Pero una cosa son los escenarios proyectados y otra la realidad. Además de los imprevisibles factores geopolíticos, alcanzar estos objetivos también dependerá de enormes retos inversores y tecnológicos, desde disponer a tiempo de grandes infraestructuras, (por ejemplo nuevos gaseoductos o interconexiones gasísticas y eléctricas dentro de Europa), a superar más deprisa de lo esperado barreras como el precio y la eficiencia energética del hidrógeno, la electrificación de sectores como el transporte pesado o la capacidad de gestionar y almacenar en cantidades masivas las energías renovables.