La larga cadena agroalimentaria, desde la compra de semillas, fertilizantes y piensos, el cultivo, la cosecha, la producción y el envío, hasta la llegada del producto final a las estanterías de los establecimientos de alimentación, es cada vez más extensa y compleja. En ella participan más agentes y se modifican los distintos equilibrios de poder. Esta dilatación tiene claros efectos financieros:
• Incrementa la necesidad de capital circulante.
• Aumenta la exposición al riesgo por plazos de pago más dilatados.
• Cambian los equilibrios entre las distintas partes, aumentando el poder del distribuidor.
A todo este impacto financiero se unen dos cambios fundamentales, como son la transición verde, con un mayor cuidado en la producción y trazabilidad de los productos, y la transición digital, en la que muchos productores se apoyan para mejorar sus márgenes disminuyendo intermediarios y vendiendo sus productos de forma directa al consumidor. Todo ello también se traslada al riesgo de crédito y a su gestión.
Cadenas largas, liquidez corta
El contexto normativo europeo lleva más de una década intentando acotar los plazos de largo dilatados. Así, la Directiva 2011/7/UE fija que las empresas deben pagar en 60 días (salvo pacto no abusivo) y las Administraciones en 30 días, con intereses automáticos e indemnización mínima. En España, la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013, reformada en 2021) protege específicamente a los proveedores agrarios, estableciendo plazos máximos de 30 días para perecederos y 60 días para no perecederos, con obligación de contrato escrito y trazabilidad del pago.
Pero en el sector agroalimentario, más allá de lo que marque la normativa, el riesgo de crédito crece por la propia estructura de la cadena. El productor adelanta el coste de la campaña y no ingresa hasta la venta de la cosecha. La industria compra la materia prima y asume la financiación de stock y de sus procesos antes de facturar al siguiente eslabón. Por último, la distribución, con un poder de compra cada vez más concentrado, suele imponer plazos de cobro más largos a sus proveedores, a pesar de que la mayoría de sus ventas son al contado. El resultado es una tesorería tensionada en origen y en transformación, mayores necesidades de circulante, no siempre cubiertas, y, por tanto, mayor probabilidad de impago.
Qué vigilar en los contratos y procesos de cobro
La calidad del contrato y la gestión del cobro son el primer escudo frente al riesgo financiero. Muchos impagos o retrasos no se originan por mala fe, sino por contratos mal definidos, procesos de facturación lentos o falta de seguimiento sistemático. Por todo ello, hay que centrarse en estos puntos:
• Especificar en el contrato la fecha de entrega/aceptación y la duración del proceso de verificación, si aplica. Igualmente, hay que evitar cláusulas que retrasen el inicio del cómputo. La propuesta de regulación europea tipifica como nulas las prácticas que dilaten artificialmente la emisión de la factura o la aceptación.
• Medios de pago: si se emplea confirming, hay que documentar la fecha real de cobro del proveedor y evitar que este instrumento enmascare vencimientos ilegales.
• Intereses de demora e indemnización mínimos automáticos que desincentiven vencimientos creativos.
• Incorporar el coste efectivo en el contrato. La ley española impide pagar por debajo del coste.
• Gestión efectiva del crédito: segmentar clientes por riesgo y poder de negociación, y definir límites de exposición y garantías.
Formas para reducir el período de cobro
Frente a estos potenciales problemas, existen diferentes estrategias para hacerles frente:
• Digitalización: la factura electrónica ayuda tanto a agilizar el envío como el seguimiento y el control, añadiendo utilidades como los recordatorios automáticos.
• Gestión adecuada de tesorería: con controles semanales y quincenales centrados en los porcentajes de facturas con retraso y reclamadas, y con alertas que permitan actuar cuanto antes.
• Descuentos por pronto pago: aunque tienen un coste de capital, suelen ser más baratos que pedir financiación de circulante.
• Uso del seguro de crédito: especialmente como herramienta para limitar el riesgo y la exposición en determinados compradores o regiones.
• Cláusulas de intereses automáticos y penalizaciones por retraso si se incumple el plazo, sin tener que reclamarlos.
El agrifood europeo vive una etapa en la que las cadenas largas y el poder de compra concentrado tensionan la liquidez de productores e industria, mientras la transición verde-digital reconfigura la demanda y las formas de distribución. Por todo ello, es importante controlar los riesgos, incluyendo el uso de instrumentos como el seguro de crédito, que ayudan a limitarlos, así como diversificar y generar nuevas oportunidades aprovechando la digitalización y la economía verde.