El Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán para regular el régimen sancionador del incumplimiento de los plazos de pago a proveedores previstos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad. La Ley, en vigor desde 2010, prevé unos plazos máximos de 30 días para las Administraciones Públicas y 60 días para las empresas.
La proposición rechazada planteaba incorporar a la Ley de Morosidad un título adicional que regulase de forma expresa las infracciones para las que se fijaba sanciones de entre 6.000 y 900.000 euros.
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