Según publica el diario Expansión, la Administración modificará la disposición de la Ley de Emprendedores que permitía a los organismos licitadores de obra pública retrasar la aprobación de las certificaciones de las infraestructuras, lo que de facto retrasaba el pago al contratista.
Según apuntan a Expansión fuentes del Ministerio de Hacienda, a partir de julio, si una Administración pospone su conformidad con las certificaciones, esos días de retraso extra computarán dentro del plazo de pago y quienes rebasen el tope legal de los 30 días podrán ser sancionados.
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