De acuerdo con los cálculos de la Administración sobre las medidas contra la morosidad previstas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la obligación de pago en 60 días para las empresas, cuando el proveedor sea una pyme o autónomo, generará un ahorro financiero neto [diferencia entre la disminución de costes financieros para las pyme y el aumento para grandes empresas] de unos 2.485 millones de euros al año.
El Anteproyecto incluye también la reducción del plazo de pago de las Administraciones de 60 a 30 días que, según estas estimaciones, generará un ahorro financiero adicional para las empresas de unos 759 millones de euros al año.
Desde el punto de vista macroeconómico, la Administración calcula que estas medidas de lucha contra la morosidad, en el horizonte 2020, generarán incrementos adicionales del PIB [0,25%], el empleo [0,1%] y la inversión [0,5%] hasta 2020. Todos estos cálculos están contenidos en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del Anteproyecto.
Con estas medidas [contra la morosidad] se pretende restringir el uso indebido del crédito del proveedor como instrumento de financiación de las empresas o de las Administraciones Públicas. Este uso se basa, con frecuencia, en las asimetrías de poder de mercado entre empresa o administración cliente y proveedor. La reforma introducida, en consecuencia, reequilibra estas relaciones de poder y permite un desarrollo de la actividad económica en condiciones más competitivas. En particular, conviene tener presente que la reforma reducirá las necesidades de financiación de las pyme, para las que el coste de los recursos financieros es más elevado que para las grandes empresas o las Administraciones Públicas, explica la Memoria.
