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| Cada Ayuntamiento español debe clarificar antes del 15 de marzo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas todas las obligaciones pendientes de pago con el tejido empresarial por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 amparadas por la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de la primera medida del plan para que los Ayuntamientos paguen sus deudas con proveedores, que diversas estimaciones sitúan en el entorno de los 30.000 millones de euros. En la comunicación deberá figurar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. En caso de no aparecer en los listados, los contratistas podrán reclamar la emisión de un certificado individual. El incumplimiento en esta expedición de certificaciones tendrá la consideración de falta muy grave. Según el diario Expansión y Cinco Días, la Administración negocia los detalles del mecanismo de financiación para hacer frente al listado resultante de este proceso con los seis mayores bancos del país. La idea es que el proveedor se dirija directamente a una de las entidades financieras colaboradoras para hacer efectivo sus derechos de cobro. El pago sería devuelto por la entidad local y avalado en cualquier caso por el Estado. Según Expansión, Hacienda parece decantarse porque los costes de gestión los asuman las entidades locales morosas. |
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