¿Qué elementos han impulsado el crecimiento económico español en el último quinquenio?
Un rasgo distintivo del actual ciclo de crecimiento es que España se apoya en una combinación de factores más equilibrada que en expansiones anteriores. El primer motor ha sido la política fiscal expansiva: la respuesta a la pandemia evitó una destrucción masiva de empleo y empresas, y los fondos europeos sostuvieron después la recuperación y la inversión. El segundo motor ha venido de la mano del consumo de los hogares, favorecido por la fuerte creación de empleo, el aumento del salario mínimo, la paulatina recuperación de los salarios reales y el menor endeudamiento familiar. Entre 2021 y 2025, gasto público y consumo privado explicaron aproximadamente dos tercios del crecimiento.
En tercer lugar, el mercado de trabajo también ha sido decisivo. La mayor estabilidad laboral derivada de la reforma de 2021 ha reforzado el consumo, y la inmigración, que ha ampliado la población activa, ha permitido cubrir vacantes y evitar cuellos de botella, favoreciendo el rápido crecimiento, que ha sido más extensivo que intensivo, pero que también ha permitido incrementar el PIB per capita. Finalmente, el sector exterior ha contribuido no solo mediante el turismo, sino también por un nuevo avance de servicios no turísticos de alto valor añadido.
Estos factores han permitido que la tasa de paro baje del 10% y se alcance un récord de 22,8 millones de ocupados, al tiempo que el déficit público se sitúa en el 2,4% y la deuda pública ha vuelto a los niveles de prepandemia. Además, hogares y empresas siguen desapalancándose, evidenciando ese crecimiento más equilibrado del que antes hablábamos.
¿Qué medidas económicas considera más acertadas y cuáles menos afortunadas en este periodo?
Desde mi punto de vista, una decisión muy acertada fue poner punto y final, a partir de 2019-2020, a toda una década de austeridad fiscal y devaluación salarial, políticas que mostraron claros límites y resultaron contraproducentes.
La salida de la pandemia se hizo con políticas muy distintas, de corte keynesiano, mucho más eficaces para impulsar una recuperación en un contexto de crisis. Entre las medidas más acertadas situaría los ERTE, así como el escudo social y empresarial. Permitieron que una perturbación sanitaria transitoria no se convirtiera en paro estructural, quiebras y pérdida permanente de capacidad productiva.
También destacaría la reforma laboral de 2021: no ha resuelto todos los problemas de nuestro mercado laboral, claro, pero ha terminado con la anomalía española de la temporalidad y ha mejorado la estabilidad real del empleo. Además, las subidas del salario mínimo han demostrado que era compatible elevar las condiciones laborales de los empleos peor remunerados, mantener un fuerte ritmo de creación de empleo y sostener la competitividad de la economía española.
La “excepción ibérica” fue otra medida claramente exitosa: limitó el precio del gas usado para generar electricidad, reduciendo notablemente la factura eléctrica y, con ello, la inflación general en España. Demostró que, en un contexto de inflación por aumento de costes energéticos, ciertas regulaciones quirúrgicas de precios son más eficaces y menos dañinas que una política monetaria contractiva.
Y también ha habido políticas menos afortunadas, sin duda. La política de vivienda es un buen ejemplo. Elementos clave de la Ley de Vivienda aprobada en 2023 se aplican en algunos territorios del país y en otros no, dado que utilizarla es competencia de las comunidades autónomas. Pasados unos años, esta ley permitirá un experimento de políticas públicas interesante, al confrontar medidas de signo diferente en distintas comunidades, pero no habrá resuelto el acuciante problema de la vivienda.
¿Qué papel juega actualmente la inversión pública en el desarrollo de nuestro país?
La inversión pública es decisiva. Aunque representa una parte pequeña de la inversión total, desempeña un papel esencial: financia infraestructuras que el mercado no proporciona por sí solo, pero que son clave para impulsar la innovación y aumentar la productividad.
El desembolso de los fondos de Next Generation supuso un cambio de tendencia, permitiendo una notable recuperación de la inversión pública a partir de 2020-21, vinculada en buena medida a una nueva política industrial centrada en sectores clave (energías renovables, transporte, infraestructuras digitales…) con gran capacidad de arrastre y fuertes efectos multiplicadores. De hecho, según estimaciones del Banco de España, la recuperación de la inversión pública gracias a estos fondos podría suponer un impacto directo sobre el nivel del PIB muy significativo, superior al 1% en promedio anual en el período 2021-2026.
¿Cómo cree que se comportará la economía española en el segundo semestre de 2026?
Mi previsión es que se mantendrá el actual escenario de crecimiento económico, apoyado en la fortaleza del consumo privado y del mercado laboral, la buena marcha de las exportaciones españolas y el desendeudamiento de hogares y empresas.
Ahora bien, no podemos olvidar que esta buena marcha de la economía española sigue produciéndose en un contexto internacional caracterizado por la continua incertidumbre geopolítica, el recalentamiento y los riesgos crecientes en los mercados financieros y un persistente estancamiento de la zona euro, muy particularmente de la economía alemana. Si en el contexto internacional se llegasen a materializar escenarios más adversos, la economía española podría verse negativamente afectada.
¿Qué medidas deberían ponerse en marcha para impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas?
Desde el punto de vista macroeconómico, hay dos desafíos cruciales: la política de vivienda y la productividad. En primer lugar, es urgente y muy necesario frenar la continua subida de los precios de la vivienda, tanto de venta como de alquiler. Esta evolución de los precios no sólo está impidiendo a millones de personas el acceso a un bien de primera necesidad, sino que podría llegar a suponer también tensiones y cuellos de botella en la movilidad laboral y regional, algo que podría afectar a la propia dinámica de crecimiento.
En segundo lugar, la mejor forma de reforzar la competitividad de las empresas españolas es impulsar medidas que fomenten el crecimiento de la productividad: desarrollar una política industrial activa, que atraiga y estimule la inversión privada y la modernización tecnológica; movilizar una parte mayor de los dividendos hacia la economía real; invertir en educación, formación profesional y capacitación continua; y desarrollar los instrumentos financieros necesarios para impulsar el aumento del tamaño medio de las empresas.
En los últimos años la productividad ha empezado a crecer en España, circunstancia poco habitual en nuestra economía en una fase de expansión. Es una buena noticia, aunque es aún insuficiente porque partimos de un importante atraso. Hay que profundizar en este avance.
¿Qué dificultades tienen que superar las pymes en sus procesos de internacionalización?
Exportar exige asumir costes fijos de información, certificación, adaptación regulatoria, logística, comercialización y personal especializado. Para las pymes, esos costes pesan más que para una gran compañía. A ello se suma un menor acceso a financiación, más vulnerabilidad ante impagos, escasa capacidad para diversificar mercados y dificultades para mantener una presencia exterior continuada. Además, en un contexto de guerra arancelaria, fragmentación geoeconómica y cadenas de suministro inestables, estos problemas aumentan.
España cuenta con miles de pymes exportadoras y con otras muchas que han empezado a serlo en los últimos años. Pero hace falta seguir reforzando los instrumentos institucionales de apoyo a estas empresas: una ventanilla integrada entre ICEX, CESCE, ICO y COFIDES; apoyo técnico de largo plazo; fomento de consorcios y clústeres exportadores; financiación estable para circulante e inversión; y seguros accesibles. El objetivo no debe ser solo aumentar el número de exportadores, sino conseguir que más pymes exporten regularmente, incorporen tecnología y ganen escala.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
En el contexto actual, el seguro de crédito puede ser una pieza crecientemente importante en la infraestructura financiera de la economía productiva y del comercio internacional. La incertidumbre del contexto mundial, los crecientes aranceles o la situación geopolítica hacen aconsejable reforzar los instrumentos que ofrezcan certidumbre a las empresas. Sólo así será posible seguir profundizando la internacionalización de algunas pymes españolas, reduciendo riesgos comerciales, diversificando destinos y facilitando su entrada en nuevos mercados.
