¿Qué inversiones necesita Europa para completar las transiciones ecológica y digital?
El Informe Draghi cifró las necesidades adicionales en unos 800.000 millones de euros anuales, cifra que el propio Draghi elevó a aproximadamente 1,2 billones anuales para 2025-2031 en el aniversario del informe. Algo más de la mitad corresponde a la transición ecológica: descarbonización, redes eléctricas, industria limpia y edificación. En torno a un 20% a la transformación digital: IA, semiconductores, computación en la nube, conectividad y ciberseguridad. Y el resto a defensa y seguridad económica, que el contexto geopolítico ha hecho inseparable de las dos anteriores.
Esta cuestión hay que abordarla desde una doble perspectiva. Desde el lado del activo, lo decisivo es que existan suficientes proyectos rentables en la Unión Europea en los que invertir; si no hay oportunidades atractivas, el capital se irá a otra parte. Desde el lado del pasivo, en torno al 80% de la financiación tendrá que provenir del sector privado: no es una opinión, es una restricción objetiva dada la situación fiscal de los Estados miembros. De aquí se deriva la principal consecuencia política: los esfuerzos deberían concentrarse en sacar adelante la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU, por sus siglas en inglés), y no en invertir capital político en elevar o rebajar unas décimas el tamaño del Marco Financiero Plurianual.
¿Qué cambios se están produciendo en seguridad y defensa?
Asistimos a un aumento significativo de la inversión motivado por razones geopolíticas: la presión de la Administración estadounidense en la OTAN y la amenaza creciente que Rusia representa para la propia Unión Europea. La Unión ha puesto en marcha el instrumento SAFE, con hasta 150.000 millones en préstamos a largo plazo, pero hay que subrayar que son préstamos y que el otro gran mecanismo, la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad, implica que el grueso del aumento del gasto se realizará contra los presupuestos nacionales.
Y aquí viene el problema de diseño más importante. Si el esfuerzo fiscal se realiza contra presupuestos nacionales, cada Estado tendrá un incentivo muy fuerte a comprar a su propio campeón nacional para que ese gasto repercuta al máximo en su economía. Además, al fragmentar la demanda en 27 mercados renunciamos a economías de escala que sí disfrutan nuestros competidores. Agregar la demanda a nivel europeo, a través de instrumentos como SAFE condicionados a compra conjunta, es la única forma de romper esta dinámica. Por último, lo relevante no es cuánto se gasta sino en qué y cómo: fijar criterios del tipo porcentaje del PIB sirve como señal política, pero tiene poco sentido desde una perspectiva de capacidades reales.
¿Qué efectos positivos y negativos se han derivado de la política de competencia europea?
En el lado positivo, la política de competencia europea es probablemente el pilar mejor construido del mercado único: ha reducido precios en sectores clave, controlado abusos de posición dominante, bloqueado acuerdos colusorios y sometido las ayudas públicas a una disciplina que ha evitado una carrera de subvenciones entre capitales nacionales.
En el lado negativo, tenemos un problema serio de diseño. En materia de control de concentraciones, la política europea ha estado muy orientada a la eficiencia estática, el impacto en precios a corto plazo. Pero esa es solo la mitad de la ecuación: la otra es la eficiencia dinámica, la capacidad de las empresas para invertir, innovar y desplegar nuevas tecnologías en el tiempo. Aquí, el sistema ha fallado por una asimetría en la carga de la prueba: a la autoridad le basta con demostrar un riesgo de efectos anticompetitivos, mientras que las empresas que alegan eficiencias dinámicas deben superar un test muy exigente, con un nivel de certeza imposible a diez o veinte años vista. Esto conecta con algo que la política de competencia europea no ha interiorizado: la importancia de conocer la función de producción de cada empresa, sobre todo en sectores intensivos en capital con activos indivisibles y ciclos de inversión de décadas, donde esa función es imprescindible para valorar si las empresas pueden sostener la inversión a futuro.
El caso más claro es el de las telecomunicaciones. El ingreso medio por usuario móvil en Europa en 2022 era de 15 euros, aproximadamente el 35% de los 42,5 euros de Estados Unidos. La inversión normalizada por PIB per cápita, con un índice de 104 en Europa frente a 150 en Estados Unidos y 260 en Japón, confirma el diagnóstico. Hemos facilitado la entrada, pero bloqueado la salida ordenada mediante consolidación, generando estructuras formalmente competitivas en precio, pero económicamente frágiles, incapaces de financiar las redes de próxima generación. Por eso, es relevante la revisión de las Directrices sobre concentraciones horizontales: integrar los parámetros dinámicos, reequilibrar el tratamiento de las eficiencias y reorientar los remedios desde la preservación estructural hacia compromisos verificables de inversión.
¿Qué ventajas podría ofrecer a las empresas españolas la nueva forma societaria europea EU Inc.?
EU Inc. es la propuesta de derecho societario más ambiciosa que ha presentado la Comisión en décadas. Introduce una forma jurídica única con registro en 48 horas, coste máximo de 100 euros, procedimientos íntegramente digitales y reconocimiento automático en los 27 Estados miembros. Desaparece el capital mínimo, se permiten clases de acciones con derechos diferenciados y se establece un marco común para stock options, con armonización del momento de tributación (en la venta, no antes) y recomendación de tratarlas como plusvalía. Para el ecosistema emprendedor español, donde este régimen ha sido un obstáculo para atraer talento, el cambio es relevante. Y hay una novedad política de primer orden: la Comisión ha optado por un Reglamento anclado en el artículo 114, aprobable por mayoría cualificada, eliminando el veto nacional que hundió los precedentes de 2004 y 2014.
Pero hay que ser honestos sobre los límites. No armoniza la fiscalidad en sentido amplio, ni toca el derecho laboral. Y la promesa de uniformidad se quiebra en dos momentos clave: al nacer, porque el registro depende del sistema BRIS, que interconecta pero no sustituye los registros nacionales; y al cerrar, porque no crea un procedimiento europeo de insolvencia ni armoniza el derecho concursal sustantivo.
¿Cómo ha evolucionado la innovación en las empresas europeas?
La evolución es preocupante. Un dato lo resume: ninguna empresa europea con capitalización superior a 100.000 millones de euros ha sido creada desde cero en los últimos 50 años, mientras que las seis empresas estadounidenses con valoración superior a un billón de dólares se han creado todas en ese período. La comparación entre los principales inversores en I+D es igualmente elocuente: en Estados Unidos, los tres mayores han ido rotando (automoción y farma en los 2000, software y hardware en los 2010, digital hoy); en la UE llevan veinte años siendo los mismos, dominados por el automóvil, que concentra más del 34% de la I+D del top 800 europeo. Estados Unidos ha sido capaz de reinventar su tejido empresarial cada década; Europa sigue invirtiendo en las mismas tecnologías maduras, atrapada en la trampa de las tecnologías intermedias: ni competitivos en la frontera tecnológica ni en los tramos bajos frente a China.
Hay tres factores conectados. El primero es el tamaño empresarial: las empresas necesitan escala para amortizar I+D creciente, y Europa tiene un tejido dominado por pymes con dificultades estructurales para ello. Entre 2008 y 2021, cerca del 30% de los unicornios fundados en Europa relocalizaron su sede fuera, la gran mayoría en Estados Unidos. El segundo, y más determinante, son las fuentes de financiación: la innovación de frontera requiere capital paciente de alto riesgo, y en Europa es insuficiente; las empresas dependen en exceso de financiación bancaria que no está diseñada para asumir ese riesgo. El tercero es la fragmentación regulatoria del mercado interior, que impide alcanzar la escala continental que sí tienen las competidoras estadounidenses o chinas desde el día uno. Las respuestas tienen que ser integradas: SIU, mercado interior y EU Inc. Ninguna pieza por sí sola es suficiente.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
El seguro de crédito cumple tres funciones que conviene separar. La primera es informativa: las aseguradoras son uno de los mejores sistemas privados de evaluación continua de la solvencia empresarial, particularmente relevante en un tejido como el español dominado por pymes con capacidades limitadas de análisis de riesgo. La segunda es habilitadora del comercio: muchas operaciones, especialmente transfronterizas, no se producirían sin cobertura. Y la tercera, facilitadora del acceso a financiación: las cuentas por cobrar aseguradas son más fácilmente descontables en el sistema bancario, mejorando la liquidez operativa y reduciendo el coste de la financiación circulante.
El contexto actual es especialmente exigente: tensiones geopolíticas sostenidas, disrupciones en cadenas de suministro, políticas arancelarias estadounidenses, consecuencias del shock energético del Estrecho de Ormuz. Esto tiene dos implicaciones: el seguro de crédito es más necesario que nunca, precisamente porque el riesgo es mayor; y las aseguradoras se enfrentan al reto de fijar primas adecuadas en un entorno donde los modelos históricos pueden no capturar bien los nuevos patrones de riesgo. La experiencia de la pandemia dejó una lección: el seguro de crédito puede ser procíclico, y los esquemas de reaseguro público temporal articulados entonces evitaron una contracción brusca del crédito comercial. Tener marcos de respaldo público activables ex ante (de antemano) es mucho más eficaz que improvisarlos bajo presión.
