¿Qué nuevos riesgos en la economía mundial han introducido los actuales conflictos bélicos?
El riesgo más profundo no es ningún conflicto en particular, sino el cambio de régimen que cristalizan: pasamos de un mundo donde la interdependencia económica era en teoría nuestro mejor seguro contra la guerra a otro donde esa misma interdependencia se reinterpreta como vulnerabilidad y se instrumentaliza. La Unión Europea nació como un artefacto para la paz construido sobre la suma positiva: hacer la cooperación más rentable que el conflicto, externalizar la defensa a Estados Unidos. Lo que descubrimos ahora es que ese diseño dependía de que quien estaba al otro lado (Washington) actuara como un maximizador racional de crecimiento compartido a la vez que de policía de esa misma dinámica. Cuando se vuelve un actor que opera en clave de suma cero, la dependencia que era nuestro escudo se vuelve la palanca con la que nos pueden empujar. Y si tiene a otros dispuestos a jugar a ese mismo juego, la dinámica nos deja atrapados.
En lo concreto, esto introduce un sobrecoste estructural permanente: una prima de riesgo geopolítico en cada decisión de inversión, suministro y financiación que antes no existía. Energía, semiconductores, materias primas, rutas marítimas: cualquier shock ya no es la excepción, es la condición de fondo. Y, como sugirió el primer ministro canadiense en su ya célebre discurso de enero de este año, un mundo así no es compatible con instituciones diseñadas para navegar un mar siempre manso.
¿Cómo afectarán estos conflictos a la evolución económica y al comercio internacional?
Mi impresión es que no vamos al desacople global, sino a un rerouting selectivo: friendshoring, nearshoring, integración con socios afines. La fricción seria es esencialmente Estados Unidos–China; el resto es daño colateral, muy significativo eso sí, del proteccionismo ofensivo de Trump, que usa fuerza económica, militar y retórica para imponer condiciones supuestamente beneficiosas para su electorado. La globalización no se desmonta, se reordena con costes mayores y trayectorias más cortas. Para España y la Unión Europea eso tiene dos caras: la cercanía al Magreb, América Latina y el Mediterráneo es una palanca si la jugamos bien; pero pagaremos un sobrecoste estructural en inputs críticos durante la transición.
El verdadero test es de política económica europea. Si la UE logra enfocarse en el crecimiento interior compartido y activar su interdependencia como herramienta -compra energética conjunta, palancas regulatorias sobre un mercado de 450 millones de consumidores, política industrial seria- podremos navegar este entorno. Si no, lo pagaremos durante años. Conviene recordar que el proteccionismo de suma cero brilla también dentro de las fronteras europeas porque lleva una promesa de bienestar para los suyos. La única contraoferta que funciona es demostrar que la suma positiva produce resultados materialmente mejores.
¿Cuáles son los grandes problemas económicos de España en estos momentos?
España vive una paradoja: crece al 2,9%, más del doble que la eurozona, y a la vez una mayoría de hogares siente que no llega. Esto no es un problema de comunicación, es material. El crecimiento se apoya sobre todo en empleo y población, aunque hay que anotar que este ciclo es cualitativamente distinto de los anteriores -que casi exclusivamente se apoyaban en esto- y tenemos señales más alentadoras en el frente de la exportación de servicios o del PIB per cápita. Pero mientras los salarios reales avanzan más bien poco y la oferta de bienes esenciales, sobre todo vivienda, no acompaña a la demanda. Sobre todo, hay mucho que recuperar: entre 1990 y 2024 el PIB se ha duplicado, pero el PIB per cápita apenas ha avanzado la mitad. Esta última fase es mejor, pero la brecha -también de expectativas- acumulada es enorme.
Debajo de esa paradoja hay tres problemas: primero, vivienda, 1,2 millones de hogares nuevos frente a 465.000 viviendas terminadas en el último lustro; también productividad de crecimiento aún lento para todo lo que hay que recuperar; y un desequilibrio generacional en el reparto del gasto público que se está cronificando. En las últimas dos décadas, la única franja de edad cuya renta real ha crecido de manera sustancial y relevante es la de los mayores de 65. Los tres problemas comparten una raíz: creo que hemos optimizado el modelo para proteger lo ya ganado en lugar de abrir espacio a quien viene detrás.
¿Qué soluciones concretas propone usted para resolver la crisis de acceso a la vivienda?
El diagnóstico empieza por aceptar que no nos faltan herramientas para gestionar el parque existente, nos falta oferta. Y la oferta no aparece sola. Hace falta un plan de ruta a diez años con líneas concretas. Primero, diría, elevar en la medida en que lo permita el ordenamiento constitucional el nivel administrativo de decisión sobre densidad, altura y usos del suelo: hoy un veto municipal puede bloquear vivienda que necesita toda una metrópoli. Segundo, políticas más innovadoras para alinear incentivos: bonos de densidad -altura extra por cada piso protegido en nueva promoción- allí donde hay demanda consolidada. Tercero, movilización seria del suelo público que ya está disponible -en Barcelona, en Madrid, en muchas ciudades- y reducción radical de los plazos administrativos, también para la propia Administración. Cuarto, vivienda asequible de promoción pública de manera masiva: en lugar de dedicarle a ello un porcentaje del Plan de Vivienda 2026-2030, yo le habría dedicado la práctica totalidad de los fondos asignados.
Y conviene decir lo que no funcionaría: el control de alquileres no resuelve la escasez, la administra. Protege a quien ya tiene contrato, pero perjudica a quien intenta entrar al mercado: típicamente jóvenes, migrantes recientes, gente que necesita moverse. Berlín, Estocolmo y Cataluña ofrecen evidencia para mí clara: la oferta cae más que los precios. Si lo único que hacemos es ordenar la fila de la escasez, dejamos el problema de fondo intacto y, de paso, fertilizamos el terreno político de quien promete cerrar fronteras.
¿A qué ámbitos es más urgente destinar recursos públicos en España?
A la vivienda, a las primeras etapas de la vida y a las palancas de productividad. Además de lo dicho sobre vivienda, diría: educación 0-3 universal y bien financiada, refuerzos escolares y conciliación -cada euro bien invertido aquí retorna múltiplos en productividad futura y, sobre todo, en equidad de partida-; investigación y universidades competitivas, donde llevamos años por debajo del esfuerzo de nuestros pares europeos; infraestructura energética y de transporte de cercanía -Rodalies y similares-, que es lo que de verdad permite que la gente viva donde sucede la actividad económica.
El esfuerzo fiscal hay que repensarlo no en clave de “más o menos Estado” sino de qué Estado. Hemos puesto en marcha políticas de transferencias nuevas, otras las hemos decidido indexadas, además de bonificaciones universales -rebajas de IVA, descuentos al combustible- que tienen efectos redistributivos discutibles porque a menudo benefician proporcionalmente más a hogares de renta alta. Mientras tanto, la inversión en lo que desbloquea oportunidades -vivienda, energía, conocimiento, transporte- cae o se estanca. La conversación que necesitamos no es sobre cuánto gastar, es sobre dejar de administrar la escasez y empezar a construir capacidad.
¿De qué manera el PIB nacional y el per cápita pueden crecer de manera más sostenida?
El PIB total seguirá creciendo si seguimos sumando población activa, pero ese no es el crecimiento que importa: lo que le importa al ciudadano es el per cápita, y ahí dependemos de la productividad por hora trabajada. La receta no tiene atajos: además de desbloquear oferta allí donde haya cuellos de botella y construir lo que el sector privado no construirá por sí solo, necesitamos un tejido empresarial más competido y competitivo, más incentivos al crecimiento de las propias empresas -o desincentivos a que no crezcan-, y repensar absolutamente todo aspecto regulatorio para evaluar qué coste tiene en términos de restarle al crecimiento o a la innovación, para ver si vale la pena. O si son regulaciones que imprimen un coste sobre todo ello a cambio de beneficios marginales, o en algunos casos ninguno en absoluto: solo generando dinámicas de capturas de rentas.
Una nota adicional: el progreso no se puede circunscribir a subir salarios por decreto. Es que las empresas compitan por talento porque ese talento puede vivir, moverse y formarse mejor. Cuando la productividad gira, los salarios reales suben porque la economía paga más por cada hora, no porque el BOE lo obligue. Sin excluir necesariamente otras medidas, a largo plazo me parece el camino para que el ingreso crezca más rápido que el alquiler o la factura de la luz de forma sostenida.
¿Por qué es tan difícil aumentar la productividad en nuestro país?
Hay un problema económico y un problema político. El económico se resume en cuatro piezas: un tamaño empresarial pequeño que limita inversión, capacitación y exportación; una inversión en I+D y capital humano muy por debajo de nuestros pares europeos; cuellos de botella regulatorios; y otros en factores complementarios como energía, transporte y vivienda en las zonas productivas.
El problema político es más incómodo de admitir. Hemos elegido, una y otra vez, gestionar los síntomas en lugar de tocar las palancas. Subir el SMI es más rápido y políticamente más rentable que invertir en 0-3 o liberar suelo, pero solo lo segundo mueve la productividad. La política de la suma positiva no excluye las transferencias por completo, pero exige más paciencia -resultados a 5 o 10 años- y conflicto con quienes ya tienen.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
El papel es más importante ahora que hace una década, precisamente por lo que comentábamos al principio: vivimos en un entorno donde cada decisión empresarial lleva una prima de riesgo geopolítico añadida. Aranceles que aparecen y desaparecen, cadenas de suministro reconfiguradas, sanciones secundarias, defaults sectoriales por shocks de energía o de demanda. En ese contexto, el seguro de crédito hace algo que ningún otro instrumento privado hace tan bien: permite que el comercio siga ocurriendo cuando, sin él, la incertidumbre lo paralizaría. Es infraestructura institucional de la suma positiva, sobre todo para pymes exportadoras que no tienen balance para absorber un impago grande.
Hay además un papel informacional que se subestima: las aseguradoras de crédito agregan datos sectoriales y geográficos en tiempo real que ningún actor individual puede reunir, y eso ayuda a calibrar el riesgo con más realismo.
