¿Cómo se ha comportado la economía española en 2025?
En mi opinión, la economía española de 2025 es bastante más débil de lo que reflejan los titulares oficiales. El crecimiento del PIB está distorsionado por un gasto público desbocado, financiado con más deuda y con fondos europeos que no son ingresos estructurales ni sostenibles. No se trata de un crecimiento sano basado en productividad, inversión privada o competitividad, sino de una expansión inflada por el sector público.
A ello se suma un fuerte aumento de la población foránea, que explica parte del crecimiento agregado, pero plantea dudas de sostenibilidad social, política y económica. Que el PIB crezca porque hay más población no implica que los ciudadanos vivan mejor, especialmente si el mercado laboral y los servicios públicos no pueden absorber ese aumento sin tensiones. De hecho, los datos de renta y salarios apuntan en sentido contrario. A comienzos de 2026, el salario neto será un 3,2% inferior al de 2018, mientras que el IRPF y las cotizaciones del trabajador habrán aumentado un 14,9% y las de la empresa un 5,1%, evidenciando una transferencia sistemática de renta del trabajo al Estado.
Los ingresos de los jubilados crecen, mientras los de los trabajadores se deterioran. En resumen, 2025 no refleja una economía fuerte, sino una economía dopada, con desequilibrios crecientes, salarios reales castigados y una presión fiscal sobre el trabajo que explica por qué muchos españoles sienten, con razón, que viven peor que hace siete u ocho años.
¿Qué importancia tiene la seguridad jurídica para atraer más inversiones?
La seguridad jurídica es clave para atraer inversión, y el hecho de que la formación bruta de capital y la inversión extranjera estén muy por debajo de lo esperable en una economía como la española confirma que la política económica reciente no solo no ha generado incentivos, sino que ha actuado como un freno directo para inversores nacionales e internacionales. España acumula demasiadas señales negativas: desde los impagos de laudos de arbitraje internacional por la retirada retroactiva de primas a las renovables —que dañan gravemente la reputación del país— hasta los continuos escándalos de corrupción, la incapacidad de aprobar Presupuestos desde 2022 y una sensación constante de provisionalidad política que eleva el riesgo institucional.
La seguridad jurídica no es un concepto abstracto: implica estabilidad normativa, previsibilidad, respeto a los contratos y coherencia institucional. Y en todos estos ámbitos, España está generando más nerviosismo que confianza en los mercados. El resultado es claro: una pérdida persistente de renta y un alejamiento progresivo de los países más prósperos de Europa y la OCDE. Sin inversión no hay productividad; sin productividad no hay salarios; y sin salarios, hay empobrecimiento. Sin un giro decidido hacia la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, no habrá inversión suficiente ni crecimiento de calidad, por mucho que se maquillen las cifras macroeconómicas.
¿Qué otras actuaciones son necesarias para generar riqueza y oportunidades?
Para generar riqueza y oportunidades en España hace falta algo más que retoques técnicos: la primera condición es un cambio de gobierno. No se puede fomentar la creación de riqueza desde un poder político que lleva años demonizando a los empresarios, culpándolos de todos los males y desincentivando a quienes quieren ganarse la vida con su esfuerzo y su capital. Que las encuestas muestren una preferencia clara por ser funcionario antes que empresario no es casualidad. Es la prueba de que ese mensaje hostil al emprendimiento y al riesgo ha calado.
Cuando una sociedad asume que crear empresa es sospechoso, que ganar dinero es moralmente reprobable y que depender del Estado es más seguro que innovar, el problema deja de ser solo económico y pasa a ser cultural. Joseph Schumpeter explicó con lucidez este desequilibrio del capitalismo: un sistema que genera prosperidad pero que despierta hostilidad entre quienes rechazan sus procesos y aspiran a controlarlos. Eso es exactamente lo que ocurre en España. Se persigue fiscal, regulatoria y retóricamente a quienes crean riqueza, empleo y oportunidades. Las encuestas de valores lo confirman: somos una sociedad cada vez más recelosa del mercado, desconfiada de la libre empresa y poco tolerante con el éxito individual.
Ese pobrismo dominante, esa obsesión por atacar a quien progresa por mérito propio, está secando las fuentes del crecimiento. Sin un giro profundo -político, institucional y cultural- que vuelva a dignificar al empresario, al autónomo, al inversor y al trabajador productivo, España seguirá perdiendo oportunidades. No se puede repartir lo que no se crea ni sostener un Estado cada vez más grande sobre una base productiva cada vez más castigada. Generar riqueza exige libertad, respeto y confianza. Y hoy, lamentablemente, de eso vamos muy justos.
Usted defiende la denominada regulación inteligente. ¿Puede ponernos algún ejemplo en Europa?
Sinceramente, los ejemplos de auténtica regulación inteligente en Europa son escasos, por no decir inexistentes. No es casual que en Bruselas empiece a admitirse, aunque con la boca pequeña, la necesidad de “simplificar”. Pero el problema no es solo administrativo. El verdadero reto es que Europa necesita desregular: eliminar no solo burocracia, sino también requisitos, intervenciones y distorsiones que mantienen los procesos productivos atenazados. Simplificar formularios o acortar plazos sirve de poco si se conservan marcos regulatorios que interfieren en precios, restringen la competencia, encarecen la inversión y penalizan la innovación.
La regulación inteligente no consiste en gestionar mejor el exceso normativo, sino en preguntarse qué normas sobran y por qué existen. En España, el mejor ejemplo de que otra vía es posible es la Comunidad de Madrid, con avances relevantes en desregulación. De ahí surgieron iniciativas como la Línea Abierta contra la Hiperregulación, la Ley de Mercado Abierto o la reforma de la Ley del Suelo, entre otras, en las que tuve un papel activo. Son pasos en la dirección correcta, pero claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Porque a nivel estatal, solo bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, se han aprobado más de 1.500 leyes y normas. Eso no es gobernar: es asfixiar normativamente la economía, generar inseguridad jurídica y disparar los costes de cumplimiento para empresas, autónomos y ciudadanos.
Fuera de Europa, el ejemplo más ambicioso hoy es Argentina, con la estrategia de desregulación impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger. Allí no se habla de retoques cosméticos, sino de desmontar estructuras regulatorias enteras. En muchos ámbitos, se demuestra que es posible reducir el volumen normativo entre un 70% y un 90% sin perder protección real, ganando eficiencia y libertad. En el Instituto Juan de Mariana trabajamos en un proyecto similar, y los primeros análisis confirman algo revelador: una parte muy significativa de la normativa vigente es redundante, inútil o contraproducente, y puede eliminarse masivamente sin efectos negativos. Hablamos de recortes de hasta el 90% del texto de muchas normas que serían, lejos de un problema, una bendición para empresas, autónomos y familias.
Por eso, si hablamos con rigor, Europa hoy no tiene buenos ejemplos de regulación inteligente. Tiene, como mucho, discursos tardíos sobre simplificación. Lo que falta es el paso decisivo: desregular de verdad, devolver espacio a la iniciativa privada y asumir que menos normas -cuando sobran- no es menos protección, sino más prosperidad.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
El seguro de crédito desempeña hoy un papel esencial en un entorno de elevada incertidumbre, actuando como un verdadero estabilizador del riesgo empresarial. Ante tipos de interés altos, desaceleración económica y mayor probabilidad de impagos, permite a las empresas seguir vendiendo a plazo y manteniendo relaciones comerciales sin asumir riesgos inasumibles.
No es solo una cobertura frente al impago, sino una herramienta avanzada de gestión que aporta información continua sobre la solvencia de clientes y sectores, disciplina la política comercial y transforma la incertidumbre en riesgo medido. Además, refuerza la solvencia empresarial al estabilizar la tesorería, fortalecer el balance y facilitar el acceso a financiación, convirtiéndose y crecer con prudencia en contextos adversos.
