De algunas de sus intervenciones se podría deducir que cree en una menor intervención del Estado para mejorar la evolución económica de un país. ¿Es así?
Es complicado dar una respuesta simple a esa pregunta. Yo creo que la intervención del Estado es necesaria en algunas cosas que solo puede hacer él, como la producción de ciertos bienes públicos o la provisión de un marco legal e institucional que reduzca los costes de funcionamiento y transacción del mercado. Por otra parte, también podríamos pensar que la intervención del Estado sería mejor o peor según su capacidad de organización.
En este punto, tendríamos que observar lo bien o mal que se ha hecho en otros países; no creo que nosotros estemos entre los peores, pero tampoco entre los mejores. Y si la intervención estatal en algunos terrenos ha fallado durante décadas, no hay razones para pensar ahora que, con nuevos gobernantes o reguladores, esa intervención vaya a ser mejor que en el pasado.
En un reciente artículo usted aseguraba que en 2014, como en 1914, han proliferado los diagnósticos tremendistas, las ensoñaciones colectivas y la polarización. ¿Es que la crisis ha hecho perder los papeles a más de uno?
No creo que se trate de una pérdida de papeles, sino que lo que ha generado la crisis es una gran demanda de todo tipo de soluciones frágiles. Se ha observado una demanda de soluciones mágicas, más o menos disparatadas, algunas de ellas claramente desacreditadas por la historia, por nuestro propio pasado y por el de otros países.
Hay propuestas con un arraigo que nadie hubiera pensado hace diez años. ¿Por qué? Primero porque son fáciles de entender y, en el fondo, también fáciles de conseguir. Ofrecen una tierra prometida sin que haya que incurrir en ningún esfuerzo, y cosas por el estilo.
El crecimiento en España sigue siendo positivo, con un PIB que ha acelerado el 0,8% en el primer trimestre de 2015. Pero, ¿cuándo cree que el impacto de la crisis sobre la situación financiera de familias y empresas se podrá dar por terminado?
A corto plazo no parece muy probable, teniendo en cuenta que los desequilibrios básicos siguen sin resolverse y los problemas estructurales de la economía se mantienen prácticamente intactos. La situación ha mejorado fundamentalmente por la intervención macroeconómica, pero el que volvamos a las andadas o no depende también del exterior. Estamos al albur de que venga otro tsunami y nos vuelva a poner en la misma situación.
¿Piensa entonces que todavía se puede dar un retroceso en la salida del túnel y llegar tiempos peores?
Sí, porque no estamos más fuertes de lo que estábamos. Tampoco es que vea probable que este riesgo se materialice a corto plazo, pero en tal caso nuestra ciudadanía estaría incluso menos armada en términos de confianza en las instituciones y en sus propias fuerzas. Quizás lo que sí podría ocurrir es que nos mantuviéramos en una situación similar a la actual durante muchos años. Mientras no hagamos reformas más profundas y reasignemos recursos de forma más seria, no creo que cambiemos la situación de forma sostenible.
¿Y cuáles serían esas reformas por las que aboga?
Al menos una reforma laboral seria, una reforma fiscal seria y una reforma de la administración pública seria. Esos serían los tres pilares y en ese orden de importancia: laboral, fiscal y sector público.
Aunque las de mercancías descendieron un 2,9% en enero, ¿cree que las exportaciones deben seguir siendo otra de las grandes bazas para remontar la crisis?
Sin ninguna duda.
¿Qué sabe del seguro de crédito y del papel que está jugando en esta crisis?
Creo que la existencia de fórmulas como el seguro de crédito y los sistemas que informan sobre la solvencia obligacional de las empresas ha sido importante para aliviar la situación. Las dificultades que ha habido para el crédito habrían sido mucho mayores hace veinte años, cuando los sistemas de información sobre la calidad crediticia eran peores. Por otro lado, el legislador y la judicatura han diluido o han hecho menos eficaces las garantías reales, las garantías hipotecarias, y esto ha dado más valor al aseguramiento de crédito personal y obligacional.