¿Qué concluyen sus últimas investigaciones sobre macroeconomía y desigualdad?
Una de las pocas consecuencias positivas de la crisis financiera de 2008 es que propició un cuestionamiento de los modelos y paradigmas económicos, que no solo no fueron capaces de predecir la crisis, sino que habían interpretado como positivo el crecimiento financiarizado y sostenido en el crédito como fuente de demanda, que llevó a la generación de una burbuja especulativa sin precedentes. Este modelo de crecimiento se retroalimentaba con unos desequilibrios insostenibles que hasta ese momento parecían inocuos o irrelevantes, pero que no lo eran. Uno de ellos era la creciente desigualdad económica. La principal lección de estos últimos quince años para la teoría económica ha sido que la macroeconomía no puede desvincularse de las cuestiones distributivas, sino que el crecimiento y la desigualdad están íntimamente relacionados. Cómo se reparte el crecimiento es fundamental para determinar cuánto y cómo se crece, y si este crecimiento es sostenible o no.
¿Cuáles son ahora las desigualdades más urgentes de corregir en la economía internacional?
Hay que redefinir las normas de la economía internacional, repensando las instituciones que la gobiernan, como el FMI y el Banco Mundial, así como establecer ambiciosos acuerdos en materia fiscal y financiera para domesticar el capital financiero global. El acuerdo sobre fiscalidad internacional de la OCDE en septiembre de 2021, aunque no tenga todo el alcance deseado y aún deba implementarse, es el camino a seguir. La economía internacional ha vivido desde los años ochenta un proceso de profunda integración entre regiones y países. La suma de importaciones y exportaciones ha pasado del 30% al 70% del PIB, y las posiciones internacionales de financiación, las deudas entre países, son más elevadas que nunca. Esto implica que la economía internacional está plagada de externalidades e interdependencias: lo que hacen otros países nos afecta mucho. Sin embargo, este proceso de integración se ha llevado a cabo sin un refuerzo de las instituciones políticas que gobiernan la economía global. Para permanecer competitivos, los países han liberalizado y desregulado el mercado, reduciendo el margen de maniobra del Estado para amortiguar sus vaivenes. Es decir, mientras aumentaba la interdependencia en el mercado global, carecíamos de instituciones que resolvieran los fallos de coordinación y se iban adelgazando los sectores públicos, garantes últimos de estabilidad y seguridad. Actualmente una vasta literatura demuestra que la globalización financiera ha sido una de las principales fuentes de aumento de la desigualdad.
¿Cuál es el nivel de competitividad de las empresas españolas?
España tiene un tejido productivo excesivamente compuesto por pequeñas y medianas empresas y un sesgo de su estructura productiva hacia sectores de bajo valor añadido y de consumo. La literatura reciente argumenta que tanto en la fase de innovación, como en la de comercialización y en la de ampliación de la escala productiva, el rol del sector público es crucial. Por otro lado, los spillovers tecnológicos de los sectores punteros y exportadores explican una parte importante de los aumentos de la productividad. Estos sectores tienen un peso relativo bajo en la economía española, y se han visto perjudicados por el elevado tipo de cambio efectivo real que ha supuesto la introducción del euro, perdiendo competitividad. La inversión productiva no ha podido competir en rendimiento con la inversión inmobiliaria, que captura gran parte de los ahorros agregados. Para salir de este modelo necesitamos una política industrial ambiciosa, pero lamentablemente en España esta ha brillado por su ausencia.
Algunos expertos afirman que en 2023 España sufrirá una crisis corta pero intensa. ¿Está de acuerdo en esta afirmación?
Estamos en un momento económico muy complicado porque la fase de globalización financiera se está agotando sin que aparezca un reemplazo evidente. La desglobalización supondrá un cambio en el régimen geopolítico y macroeconómico, con múltiples crisis que se solapan entre la pandemia que aún sigue, la guerra en Ucrania y la crisis energética, y la crisis climática que acecha en el horizonte. De momento, la economía española está resistiendo de manera sorprendentemente robusta si tenemos en cuenta nuestro historial. A mi juicio, hay al menos tres factores que lo explican: el primero es la baja dependencia del gas ruso, que gracias a una ágil intervención del gobierno en el mercado energético ha permitido reducir el precio de la electricidad, al menos en relación con los países de nuestro entorno. La inflación española está por debajo de la media europea, cosa que ayuda a corregir en parte el problema endémico de baja productividad. Pero, aunque estamos relativamente bien aislados de Rusia, no lo estamos nada de Argelia y Marruecos, y los conflictos entre estos dos países están aumentando. Deberíamos reforzar esta independencia energética con una inversión significativa en renovables; esto además ayudaría a mantener la balanza por cuenta corriente en terreno positivo. En segundo lugar, esta crisis nos impacta en un momento en el que Europa tiene una posición fiscal y monetaria muy expansiva: el BCE protege el mercado de la deuda y España recibe gran cantidad de fondos NGEU para promocionar su transformación económica y la salida de la crisis derivada de la pandemia. Y finalmente, parece que se está produciendo un cambio cualitativo en el mercado laboral que fortalece el empleo de calidad y que incentiva a las empresas a que el ajuste ante los shocks se produzca en el margen intensivo -reducción de las horas- y no en el extensivo -despidos-. Esto refuerza los vínculos laborales, sostiene la demanda de consumo durante las crisis y reduce la histéresis en la recuperación. Predecir una crisis es complicado, pero España está en una posición de mayor resiliencia que en el pasado.
¿Con qué nuevos elementos y herramientas cuenta España frente a la crisis de 2008?
Además del enorme saneamiento en cuanto al excesivo apalancamiento privado que se ha producido desde 2008, la diferencia fundamental entre la crisis financiera y la actual es la respuesta europea. El apoyo del BCE a los mercados de deuda soberana cortocircuita cualquier dinámica de retroalimentación financiera entre los aumentos en la prima de riesgo y el riesgo de insolvencia, que impedía el recurso amplio a los estabilizadores automáticos. Pero estas ampliaciones asimétricas en el balance del BCE no tienen base legal y pueden ser cuestionadas en cualquier momento, hecho que iniciaría un nuevo ciclo de inestabilidad. El acuerdo NGEU de junio del 2020 contempla una elevada cuantía de fondos públicos para invertir en la transformación económica, ecológica y digital, y debe aprovecharse esta oportunidad reforzando la capacidad del sector público para intervenir y gastar ágilmente, una capacidad que se ha mermado durante la larga década de políticas de austeridad. Debemos entender que en el complejo escenario de futuro que viene, la intervención y el peso del sector público en la economía debe ser mucho mayor.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
El seguro de crédito es una herramienta importante para amortiguar las fluctuaciones en las condiciones financieras de las empresas, que impide que las insolvencias se contagien y se transmitan por la cadena productiva. El seguro ante el riesgo reduce los fallos de coordinación, endémicos en un momento de incertidumbre radical como el actual. El sector privado debe tener su papel en el desarrollo de mecanismos para compartir el riesgo, y el seguro de crédito es uno de ellos.
