“La competencia es el mejor medicamento para los males del mercado”

¿Ha investigado especialmente sobre competencia y regulación de mercados… 

La competencia es el mejor medicamento para los males del mercado. Muchos de los problemas económicos que sufrimos podrían reducirse si se redujesen las barreras administrativas que existen para el desarrollo de los mercados y se persiguiesen las prácticas anticompetitivas con mayor ahínco. No solo sancionándolas con efectos disuasorios reales, con multas superiores al daño infringido, sino promoviendo entre la sociedad la cultura de la competencia. El desempleo, el menor PIB, la innovación y, sobre todo, el uso eficiente del dinero público, mejorarían si la política de defensa de la competencia fuera más efectiva de lo que es en este momento. Pero, por desgracia, España no apuesta por ello. Aunque resulta loable el trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se requiere no solo de una mejor dotación presupuestaria que permita aumentar la capacidad de la autoridad, sino también de un marco sancionador que disuada las acciones ilegales cometidas por las empresas, e incluso la propia administración.

 

¿Cómo han cambiado las políticas de competencia en el mundo en la última década?

En los últimos años, las políticas de competencia en el mundo han tenido y tienen, a mi modesto entender, tres grandes cambios. En primer lugar, el desarrollo de los programas de clemencia, conocidos como leniency programmes o programas de delación. Se han erigido como un instrumento que ha marcado el descubrimiento de miles de prácticas anticompetitivas alrededor del mundo en los últimos 25 años. Comenzaron en Estados Unidos en 1996 y en España se implementaron desde 2007. La política de competencia y, sobre todo, la lucha contra los cárteles, ha cambiado sustancialmente tras su existencia, así como los incentivos de los cartelistas. En segundo lugar, ha cambiado la aplicación privada de la competencia, entendida como las reclamaciones de los daños causados por los cárteles, principalmente sobre aquellos individuos que tuvieron que pagar más caros sus bienes o servicios por culpa de la práctica ilegal. Esto ha permitido añadir un mejor elemento sancionador a la creación de cárteles al resarcir los efectos negativos de los mismos. Por último, el gran problema de defender la competencia en un mundo cada vez menos presencial y más digital. Que la colusión sea definida mediante algoritmos plantea un nuevo escenario de análisis con efectos relevantes. Aquí está la piedra angular de la nueva política de competencia, sobre todo en la lucha contra los grandes cuasimonopolios tecnológicos.

 

¿Qué estrategias ha desarrollado las Unión Europea en estos ámbitos? 

La Unión Europea no solo ha planteado y mejorado los programas de clemencia desde el que instauró por primera vez en 1996, sino que también trata de desarrollar políticas que supervisen los problemas que la inteligencia artificial y similares generan en el comportamiento competitivo de las empresas. En ello están, pero es pronto para resaltar resultados.

¿Cuáles son los mercados o sectores económicos que requieren una mayor regulación a nivel internacional? 

Sin lugar a dudas, son tres: el acceso a internet, la banca comercial y la energía. Interrelacionados o no, el futuro del mundo pasa por ellos tres y cada vez muestran menores niveles de competencia entre las empresas que operan. Es un enorme riesgo para todos.

 

¿Qué consecuencias pueden derivarse de la guerra en Ucrania en el plano internacional en materia de competencia y regulación de mercados?  

Directas. Si falta uno o varios proveedores en un sector, las consecuencias negativas sobre los consumidores vendrán no solo por la menor oferta, sino también por las mayores posibilidades de colusión o concentración en los mercados. Y el ejemplo energético es evidente.

 

¿Cómo deben ser evaluadas las políticas públicas?

Relacionado con las ventajas positivas de mejorar la competencia en los mercados y su definición institucional, se encuentra un segundo pilar, quizás el primero, sobre el que debería sustentarse la mejora económica y social del país: la evaluación de políticas públicas. El uso del dinero público exige que la eficiencia en su uso sea evaluada, no solo por la obligación de rendir cuentas y asumir responsabilidades, sino también para corregir, aprobar o incluso anular, políticas públicas. En la mayoría de las ocasiones, el dinero público se utiliza persiguiendo unos objetivos que no necesariamente coinciden con los efectos alcanzados. Discernir si existe divergencias entre objetivos versus efectos es una obligación del sector público. Y no se realiza de forma sistemática ni existe voluntad política por parte de ningún partido para ello. Estas afirmaciones provienen de los diferentes estudios académicos que hemos realizado en los últimos años -con Daniel Albalate, Joan Ramón Borrell, Javier Campos, Carmen García, Xavier Fageda, José Manuel Ordóñez de Haro, Jordi Perdiguero, entre otros colegas- sobre el marco institucional de la política de competencia, la efectividad de las políticas públicas y la evaluación de la competencia en determinados sectores económicos.