En campaña electoral, los partidos prometen importantes medidas económicas y fiscales. ¿Cree que todas son realistas?
Los programas políticos suelen estar llenos de generalidades e imprecisiones y tienden a confundir los deseos con la realidad. Basta leer el programa con el que el actual Gobierno ganó las elecciones generales de 2011.
Hoy, se suceden las promesas de mayores partidas de gasto público, sin embargo, nunca queda claro cómo se financiarían. Creo que, en general, los partidos exageran durante la campaña electoral los ingresos adicionales que se pueden lograr a través de la lucha contra el fraude fiscal o “subiendo los impuestos a los ricos”. Faltan ricos en España para financiar tantas promesas electorales de gasto.
¿Son compatibles algunas de estas medidas con el Programa de Estabilidad que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas y que asegura que las comunidades autónomas deberán aplicar subidas fiscales a partir de 2016?
El Programa de Estabilidad indica que España debe rebajar su déficit público del 5,7% al 2,8% en dos años. Ello supone un ajuste de 30.000 millones. Con este escenario, y reconociendo que la mayor actividad también generará un aumento de la recaudación, el margen para alegrías presupuestarias es escaso.
De las cuatro reformas pendientes del Gobierno (empleo, sector público, fraude fiscal e inversión), ¿cuál considera más urgente?
Creo que están todas entrelazadas y que unas afectan a otras. Deben abordarse de forma integral. Aunque no es nada fácil, con la reforma del empleo hay que intentar que los puestos de trabajo que se creen sean de mayor calidad y, sobre todo, mucho más estables. En la medida en que el mercado del empleo esté dominado por la precariedad la recuperación económica siempre quedará, de una forma u otra, coja.
En cuanto a la reforma fiscal, es necesario establecer un marco muy claro, simple y seguro, para que tanto las empresas como los trabajadores sepan a qué atenerse. Queda pendiente la reforma de los impuestos autonómicos, y yo entiendo a los que dicen que hay que ir hacia una mayor armonización. Pero, también hay que tener en cuenta que en España tenemos un modelo de comunidades autónomas, en el que no debe haber autonomía sólo a la hora del gasto, sino también en el momento de decidir si uno sube o baja impuestos. Aunque también entiendo que deberían establecerse ciertos márgenes para evitar los agravios comparativos que se producen ahora, por ejemplo en el impuesto sobre sucesiones.
¿Y qué opina de las reformas del sector público y la inversión?
En cuanto al sector público, siempre se dice que es necesario eliminar el gasto superfluo. Sin embargo, si comparamos a España con el resto de la Unión Europea, nuestro país no tiene un problema de excesivo gasto público. Si miramos el peso en el gasto que tiene la administración pública, nos parecemos más a un país de Europa del Este que a uno tradicional del viejo continente, como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o, incluso, Portugal.
¿Qué hay que hacer? No se trata de gastar menos sino que hay que buscar alguna fórmula para gastar mejor. Si nos preguntamos si ha habido despilfarro en España, la respuesta es sí. Pero si nos preguntamos si hay un exceso de gasto público, la respuesta es no. Hay que tener en cuenta que uno puede gastar poco y, a la vez, despilfarrar.
Por lo que se refiere a la reforma de la inversión, ésta necesita siempre un marco jurídico e institucional que sea estable y seguro.
¿Cómo valora la reforma de la Ley General Tributaria?
En general, la ley se ha hecho pensando en la Administración y poco en el contribuyente. Si nos fijamos en los distintos apartados de la Ley General Tributaria, vemos que predominan los cambios normativos que benefician a la Administración. Por ejemplo, en el caso de las inspecciones fiscales lo que se ha hecho es ampliar el plazo que se tiene para cerrar una investigación desde los doce a los dieciocho meses, dando también la posibilidad de que se pueda incrementar en determinadas circunstancias.
Los últimos datos de China han puesto de manifiesto una desaceleración económica y una caída del comercio exterior. ¿Cómo puede influir esta evolución de la segunda economía mundial en España?
Obviamente, afecta. Aunque creo que, en el proceso actual de recuperación económica, en España tiene un papel predominante el tirón de la demanda interna, las medidas expansivas del BCE y el abaratamiento del crudo. Una desaceleración en China debería ser asumible.
Si esta situación hubiera ocurrido hace dos o tres años habría tenido consecuencias más costosas. Pero en el contexto actual, la recuperación económica en nuestro país viene, sobre todo, por el tirón de la demanda interna y otras variables exógenas que no tienen que ver directamente con China, como el abaratamiento del precio del crudo, la depreciación del euro y las medidas expansivas del Banco Central Europeo. Y, en esta coyuntura, el hecho de que el crecimiento en China se ralentice no es tan perjudicial para España, como lo podía haber sido años atrás, cuando el consumo interno estaba completamente paralizado y el único sector que tiraba de la economía eran las exportaciones.
¿Cómo cree que terminarán los intentos por frenar la cuenta atrás hacia un impago de Grecia al Fondo Monetario Internacional (FMI)?
No sé cómo acabará el asunto, pero sí cómo debería hacerlo. Y debería terminar con un acuerdo. Pensar que un Estado miembro impague su deuda no interesa a nadie. Obviamente no interesa a los acreedores, pero tampoco al resto de los Estados de la UE. ¿Cuál es la solución? Supongo que habrá que llegar a un acuerdo intermedio, por el que Grecia tendrá que asumir compromisos, aunque algunos no le gusten; y, por su parte, la Unión Europea tendrá que ser relativamente comprensiva con el gobierno griego.
¿Qué sabe del seguro de crédito y del papel que está jugando en esta crisis?
En un contexto de elevada incertidumbre y morosidad, entiendo que el seguro de crédito es un mecanismo para que uno pueda cubrirse bien las espaldas. Facilita el intercambio comercial y, por lo tanto, la actividad económica.
