Como experto en temas distributivos, ¿cree que la pandemia ha aumentado las diferencias de renta entre los españoles?
La desigualdad se puede medir como desigualdad de rentas, pero también hay otras medidas como la de riqueza y la de consumo. España tiene un nivel relativamente alto de desigualdad de rentas con respecto a otros países europeos, pero bajo en cuanto a desigualdad de riqueza. ¿Por qué España ha tenido históricamente una mayor desigualdad de renta? Por el mayor nivel de desempleo y por una mayor desigualdad en el nivel educativo. Hay muchos universitarios y muchas personas que solo tienen la ESO, pero no hemos desarrollado el nivel intermedio, que sería la formación profesional. En cuanto al impacto del Covid-19, ha afectado más a actividades cuyos trabajadores estaban en la parte baja de la distribución salarial, sobre todo los dedicados a la restauración y al contacto directo con el cliente. Si no hubiera habido una actuación del Estado en cuanto a Ertes y, en mucha menor medida el ingreso mínimo vital, la desigualdad se habría disparado a niveles verdaderamente trágicos. Habríamos aumentado diez puntos en el Gini (índice que mide la desigualdad), mientras que solo lo hemos hecho en dos puntos.
¿Cuáles son las políticas públicas prioritarias tras la crisis?
En la última década nos hemos centrado mucho en subsanar la crisis financiera de 2007, y no nos hemos dado cuenta de lo que venía en 2020, donde deberíamos haber tenido perfectamente planificado y solventado el problema de sostenibilidad de las pensiones. La generación del baby boom se va a empezar a jubilar a partir de 2023 y eso ya está aquí. Una primera política prioritaria sería establecer ya los mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de aquí al 2050. Y la otra, hacer que el ingreso mínimo vital llegue verdaderamente a toda la población vulnerable para que tenga un efecto a la baja sobre la desigualdad. Actualmente, solo un tercio de los potenciales perceptores lo cobran. Una tercera política que también se tenía que haber aprobado hace décadas es la reforma del mercado laboral, para reducir las tasas de paro y temporalidad tan grandes que tiene España. Hay bastantes políticas que pueden servir para esto, pero yo prefiero la del contrato único para reducir la dualidad, y una mayor flexibilidad salarial interna de las empresas para que en situaciones de crisis no recurran al despido.
¿Qué grado de movilidad social existe en nuestro país?
Hay que diferenciar entre movilidad social intrageneracional e intergeneracional. La primera se refiere a cómo se mueven las personas a lo largo de su vida, y la segunda a los cambios entre distintas generaciones. España tiene un grado de movilidad intrageneracional bajo, mientras que la movilidad intergeneracional no está mal. Desde el siglo pasado, el nivel de renta de los padres condiciona a los hijos menos que en otros países. La desigualdad de renta se hace más aceptable en una sociedad cuanto mayor es la movilidad social.
¿A qué nuevos retos se enfrenta el comercio internacional?
En primer lugar, a reconstruir la confianza entre naciones que debe existir para establecer lazos comerciales, que es básicamente lo que rompió Trump al lanzarse a la guerra comercial con China, con resultados desastrosos. Todos los análisis coinciden en que las empresas trasladaron el coste de los aranceles, lo que en última instancia perjudicó a los trabajadores estadounidenses. Además, para que estas guerras comerciales no vuelvan a pasar habría que establecer esquemas adecuados, bien pensados y diseñados, para compensar a los trabajadores que pierden con la apertura comercial.
¿Qué importancia tendrá la actividad internacional en la recuperación de las empresas españolas?
Potencialmente, muy grande. Si logramos salir de la crisis de 2007 fue porque muchas de nuestras empresas, las que sobrevivieron, se internacionalizaron. Ahora el potencial también es muy importante, se están abriendo nuevos mercados y la guerra comercial ha terminado, por lo que ese factor de tensión también ha desaparecido.
¿Qué papel cree que juega el seguro de crédito en este momento de incertidumbre y perturbación del riesgo de crédito?
Los últimos datos del INE indican que la supervivencia de las pequeñas empresas es muy limitada en el tiempo, ya que lo más probable es que desaparezca en un plazo de tres años después de su creación. En este contexto, creo que siempre han tenido sentido los seguros de crédito. Al final, la quiebra y desaparición de una pyme se debe básicamente a las facturas impagadas, que a su vez también deja las suyas por pagar cuando desaparece. Por lo tanto, en una economía con un porcentaje de pymes tan elevado como la nuestra y con una tasa de supervivencia tan baja entre ellas, el seguro de crédito ya tenía sentido antes y ahora aún lo tiene más.
A su juicio, ¿cómo se pueden buscar inversiones más eficientes en el ámbito privado y público?
En las empresas privadas es muy interesante el desarrollo del big data. Últimamente se están desarrollando unas bases de datos muy interesantes, sobre todo con microdatos de tarjetas bancarias, que pueden llevar a muchas pequeñas compañías a hacer estimaciones de negocio más precisas y a conseguir un mayor nivel de información que les permita atinar más con sus inversiones. En cuanto a las inversiones públicas, las nuevas bases de datos que se están generando en las últimas décadas son también muy valiosas y este gobierno ya las está empezando a utilizar. Sin embargo, hay algunas inversiones, sobre todo en materias educativas, que tienen un retorno social muy elevado, pero que no se están haciendo.
¿Cómo cree que evolucionará el mercado de trabajo en los próximos años?
La principal variable que va a condicionar el mercado de trabajo va a ser el envejecimiento. En la medida en que se vayan jubilando personas que ahora están trabajando, la demanda de bienes y servicios seguirá siendo la misma, pero la mano de obra disponible para las empresas será menor. Por lo tanto, es esperable que de aquí a 2050 la tasa de paro se reduzca por sí sola por efecto de ese envejecimiento.
